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| El sector inmobiliario exige aprobar el PGOU de Colunga para relanzar la venta de pisos |
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Los empresarios achacan el parón de sus negocios a la decisión del equipo de gobierno (PSOE y CDS) de bloquear el Plan General Urbano
Colunga, C. JIMÉNEZ
«Está todo empantanado». El sector inmobiliario de Colunga se queja del retraso que acumula la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del concejo, lo que supone, según los expertos consultados por este diario, un bloqueo a cualquier iniciativa de suelo que se quiera desarrollar.
En la Inmobiliaria Malga cargan contra el Ayuntamiento, a cuyos dirigentes acusan de impedir cualquier movimiento inmobiliario «porque está por aprobar la nueva normativa», y señalan que por este motivo están funcionando sólo al 25 o al 30 por ciento de su capacidad operativa. En el negocio que regenta Miguel Ángel Malga calculan que al menos hasta dentro tres años no estará aprobado el nuevo Plan General de Colunga. Mientras, promotores y particulares pugnan por hacerse con alguna de las pocas fincas edificables que quedan en los núcleos rurales. Apuntan que la gente «está desesperada» con esta situación.
«Ahora mismo no tenemos nada que ofrecer a los clientes, no sé qué vamos a hacer», lamentan los responsables de Inmobiliaria Malga, con sede en la capital del concejo. Y advierten sobre el desarrollo de una serie de operaciones inmobiliarias en el concejo en las que, supuestamente, se habría manejado información privilegiada. En este sentido, aluden a la compra de fincas de 16.000 metros cuadrados en 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas), sin se conozca aún la calificación de estos terrenos en el futuro PGOU. Y es que la fuerte inversión invita a algunos expertos a pensar que el comprador conoce el destino final del suelo, la recalificación, ya que lo contrario es un riesgo enorme.
El sector inmobiliario del municipio de Colunga, para poner fin a la actual crisis del sector por la falta de suelo, exige agilizar la tramitación, de forma urgente y transparente, de la nueva normativa urbanística. Así se conseguiría, además de relanzar el sector, evitar la especulación con el suelo.
Han sido varias las operaciones que han suscitado cierta polémica en el municipio. El convenio urbanístico de La Isla, según el cual se permitirían construir varios cientos de viviendas en bloque en la zona de El Sangreru, fue uno de los que recibieron la mayor contestación ciudadana. En esta localidad están proyectadas 600 viviendas, según los detractores del plan, o 300, según el Ayuntamiento. Fuentes consultadas por este diario aseguraron que el convenio de La Isla saldrá finalmente adelante con un número inferior de pisos que el que inicialmente estaba proyectado.
En precisamente en esta zona costera donde el sector inmobiliario detecta una mayor presión. Los agentes que operan en el concejo reconocen que el área que va desde La Isla hasta el límite con el municipio de Caravia es la que suscita un mayor interés por parte de los compradores. En el interior, Loroñe y Gobiendes son las dos localidades al alza, así como Luces, muy próxima al límite con el concejo de Villaviciosa.
En la oficina colunguesa de Inmobiliaria Prada, uno de los agentes líderes en el Oriente, ratifican estos datos y aseguran que el suelo está ya prácticamente agotado en las normas subsidiarias vigentes, por lo que coinciden en la necesidad de avanzar en el nuevo PGOU. Lo más demandado, las parcelas de 600 a 1.000 metros cuadrados cuyos precios oscilan actualmente entre los 210.000 y los 240.000 euros.
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